El gasto político, las empresas y los sindicatos, en la mira. Son cambios necesarios, cree Macri tras su gira europea, para que arriben las inversiones prometidas. Se habla de reducir cargas patronales, controlar a gremios y aplicar la Ley de Defensa de la Competencia.
De regreso de su gira por el exterior, el presidente Mauricio Macri dio instrucciones a sus colaboradores en el sentido de «redoblar los esfuerzos para bajar los costos» de la economía. Contra lo que muchos suponen, señalan en la Casa Rosada, la pelea que el Gobierno está dispuesto a dar en este orden no se limita a los sindicatos, sino que incluye también el llamado «gasto de la política» y las prácticas de las empresas que implican sobrecostos. Desde esta perspectiva, anticipan, próximamente se conocerá «una batería de medias».
La gira por Europa ratificó la convicción del Presidente en cuanto a que existe un gran interés por invertir en la Argentina, pero también se hizo evidente que para que fluyan los capitales es necesario reducir los costos. Los casos con mayor repercusión pública en esta materia se dieron en el enfrentamiento con los sindicatos, una pelea que el Gobierno -anticipan- está dispuesto profundizar.
Tanto es así que en algunos despachos oficiales se estarían estudiando medidas consideradas «fuertes» como una reducción de las cargas patronales. Al respecto, el Gobierno de Macri quiere que no haya desvíos en el ajuste salarial que se comenzará a discutir en paritarias respecto de la meta del 15% prevista para la inflación. Y también rechazan la aplicación de cláusulas gatillo, ya que consideran que es un mecanismo que tiende a realimentar la suba de los precios. En este contexto, una baja de las contribuciones significaría un incremento del ingreso del bolsillo de los trabajadores, explican, «sin pasar la raya del 15%».
Por lo pronto, se encuentra avanzada la decisión de recortar los fondos que reciben las obras sociales de los sindicatos a través del Subsidio de Mitigación de Asimetrías. Por este mecanismo, se compensan disparidades entre las distintas obras sociales mediante la transferencia automática de fondos que se originan en el 5% de la recaudación de aportes y contribuciones que van al Fondo Solidario de Redistribución. Actualmente suman unos $950 millones y la intención oficial sería reducir este monto a la mitad en el año en curso, y eventualmente eliminarlo el próximo.
En la Casa Rosada se adelanta también que la administración de Macri pondrá en marcha diferentes medidas de control a los sindicatos. Entre ellas, el relevamiento de las asociaciones y exigir la presentación de declaraciones juradas de los jefes de las obras sociales junto con el monitoreo de libros contables, padrones y bienes de los gremios. Otra de las resoluciones en estudio consistiría en impedir que los dirigentes sindicales sean sucedidos por familiares (el caso más conocido son los Moyano en Camioneros).
En este sentido, en fuentes del Gobierno aclaran que «no es que Macri tenga un problema personal con (Hugo) Moyano, sino que los costos del transporte surgen como un común denominador en las mesas sectoriales de las que participa el Presidente». En efecto, es poco conocido, pero el primer mandatario suele dedicar horas a participar en estos encuentros en búsqueda de la reducción de costos y ganancia de productividad. Y no sólo eso, señalan, sino que toma nota de los temas y es quien controla en los distintos encuentros el grado de cumplimiento, hecho que supone «un fuerte impulso a los cambios, ya que nadie quiere quedar en off side frente al Presidente».
Lo que no está del todo claro en el Gobierno es quién será el principal responsable del enfrentamiento con «las prácticas sindicales corruptas». El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, fue ratificado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña (tras el escándalo que lo involucró por la contratación de una casera en un sindicato intervenido por el Estado, el SOMU), pero en medios de la Casa Rosada hay quienes ponen en duda su continuidad en el cargo.
Más allá del «buen trabajo» que está haciendo Triaca, según fuentes del Gobierno, se plantean interrogantes sobre si el actual ministro es la persona indicada para llevar adelante el enfrentamiento con las prácticas espurias del sindicalismo (Jorge Triaca, el padre del ministro, fue un miembro destacadísimo del sindicalismo tradicional). Si bien es ponderada la tarea que realiza Patricia Bullrich al frente de la cartera de Seguridad, su perfil seduce al entorno presidencial por sus antecedentes. Bullrich, cabe recordar, supo enfrentar al sindicalismo y particularmente a Hugo Moyano, cuando se desempeñó como ministra de Trabajo en el Gobierno de la Alianza, cuando el enriquecimiento de los gremialistas no era tan conocido como hoy.
Por lo pronto, algunos datos poco conocidos dan cuenta de la decisión del Gobierno de confrontar al sindicalismo enfrentado a la administración oficial. Al respecto, desde la Casa Rosada no se hizo nada frente a las presiones de la Transportadora OCA (que se vincula al gremio de Camioneros) para hacerse cargo de la distribución que licitó recientemente el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, concurso del que quedó afuera.
En tren de bajar costos, el Gobierno está estudiando los gastos en medicamentos de las obras sociales. En medios oficiales se señala que sólo en los diez primeros meses del año pasado, las obras sociales sindicales gastaron unos $10.000 millones (en los dos últimos meses del año el gasto tiende a subir por razones de aprovisionamiento). Y pese a lo abultado de este gasto, «no recordamos que haya habido un enfrentamiento entre los compradores de las obras sociales y los laboratorios», deslizan con suspicacia.
El principal demandante de especialidades medicinales del país es el PAMI. Cabe recordar que sobre un presupuesto de $146.000 millones, en números redondos, la obra social de los jubilados gasta aproximadamente la cuarta parte en medicamentos, unos $3.000 millones por mes, y ya se sabe que el año viene difícil por los recortes presupuestarios.
Así, fuentes oficiales adelantan que los gastos en medicamentos y las políticas de precios de los laboratorios están bajo la lupa oficial. «No es que se vayan a aplicar controles de precios – anticipan-, sino que se utilizará la ley de defensa de la competencia». Pero, advierten, el tema no se limita a la industria farmacéutica; la decisión oficial es avanzar en todos aquellos sectores en los que la oferta pueda estar concentrada y se lleven a cabo prácticas abusivas.
Y el Gobierno también piensa dar el ejemplo, según sostienen en la Casa Rosada. Ya está tomada la decisión de congelar, al menos por este año, los sueldos del Presidente, los ministros, secretarios y subsecretarios de Estado. Se trata de una medida que afectaría a 324 funcionarios: al propio Presidente, al jefe de Gabinete, a los 21 ministros, 91 secretarios y 209 subsecretarios de Estado. A modo de referencia, el sueldo de los ministros en bruto asciende a $183.000 mensuales. Esta decisión se acompañaría de un recorte en las estructuras del Estado.
Fuente: http://www.ambito.com/910755-preparan-bateria-de-medidas-para-bajar-el-costo-argentino
